Noticias de Europa 29 de abril de 2023

Fuga de carbono: evitar que la industria eluda las normas sobre emisiones

Tras la crisis del covid-19 y la guerra de Ucrania, el Parlamento Europeo quiere cumplir sus compromisos climáticos, al tiempo que preserva su industria y lucha contra la deslocalización. Alrededor del 27 % de las emisiones mundiales de CO2 proceden de la combustión de carburantes debido al comercio internacional, algo sobre lo que la UE tiene poca capacidad de actuación, dadas las normas internacionales vigentes. Sin embargo, puede imponer un precio al carbono mediante un mecanismo europeo de ajuste de las emisiones de carbono en las fronteras, que aplicaría un precio al carbono a las importaciones de determinados productos procedentes de fuera de la Unión y evitaría así la "fuga de carbono". La fuga de carbono consiste en la deslocalización de las industrias emisoras de gases de efecto invernadero fuera de la UE para evitar normas más estrictas. Por último, la UE importa sus productos del extranjero sin ninguna garantía de sus normas medioambientales, lo que equivale a importar bienes y servicios con altas emisiones de carbono. 

El MACF tiene un acuerdo provisional desde abril de 2023. Cubrirá bienes de industrias de gran consumo energético como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y el hidrógeno. Para pagar el impuesto, los importadores tendrán que abonar la diferencia entre el precio del carbono pagado en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono del RCCDE. También tendrán que declarar trimestralmente las emisiones directas e indirectas de los bienes importados durante el trimestre anterior, así como cualquier precio del carbono pagado en el extranjero. Este reglamento no garantiza una transparencia total por parte de las empresas, que tendrán que cumplir la normativa de la UE independientemente de su tamaño y capacidad administrativa.

Los recursos recaudados por este impuesto podrían utilizarse como recursos propios para el presupuesto de la UE. Además, para evitar que los países menos desarrollados perciban el MACF como una herramienta de coerción económica, debería realizarse una transferencia financiera equivalente para ayudarles en su transición energética. 

Los eurodiputados quieren gastar 1.000 millones de euros en compras conjuntas de defensa

El instrumento adoptado pretende fomentar la adquisición conjunta de productos de defensa y reforzar la Unión Europea de Defensa, según el Parlamento Europeo. El nuevo instrumento prevé la adquisición conjunta de productos de defensa por parte de al menos tres Estados miembros. El objetivo es responder a la necesidad a corto plazo de reponer o incluso aumentar los stocks europeos de material de defensa y crear interoperabilidad entre los ejércitos europeos para garantizar una mayor visibilidad de nuestras industrias. Los eurodiputados proponen duplicar el tamaño del fondo propuesto hasta los 1.000 millones de euros. El objetivo de este instrumento es reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea y aumentar la adquisición conjunta de 35% del gasto total en equipos de los Estados miembros. La Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa también deberán elaborar una lista de componentes críticos de origen no comunitario para los que no existe alternativa en la UE, con el fin de desvincular nuestra dependencia de socios potencialmente rivales o incluso hostiles para la Unión. Además de los Estados miembros de la UE, el instrumento estará abierto a la participación de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo, a saber, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La Eurocámara pide una estrategia coordinada de la UE contra las injerencias extranjeras

Los eurodiputados afirmaron que la UE necesita una estrategia coordinada contra la manipulación de la información y las injerencias extranjeras. La guerra en Ucrania, los intentos de desestabilización en los Balcanes y el deseo de ciertas élites europeas de mantener vínculos con Rusia (como la firma de contratos de gas con Gasprom en Hungría) están socavando la credibilidad de la UE en la escena internacional y su proceso democrático. Preocupados por la dependencia de la UE de actores y tecnologías extranjeras en infraestructuras críticas y cadenas de suministro, los eurodiputados piden al Consejo y a la Comisión que excluyan el uso de equipos y software de fabricantes de países de alto riesgo, especialmente China y Rusia, como TikTok, ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab y Nuctech. El informe insta a la Comisión a permitir la trazabilidad efectiva de las donaciones para luchar contra las transacciones financieras prohibidas procedentes de terceros países que entran en el sistema político de la UE y combatir así la influencia y los intentos de corrupción de agentes externos.

Para ayudar a la UE a responder a estas amenazas, el Parlamento propone la creación de un "centro de conocimiento" europeo especializado en inteligencia sobre amenazas. Este centro debería actuar de forma concertada entre las autoridades europeas y nacionales para limitar los intentos de desestabilización extranjeros. Estos intentos de desestabilización aumentarán con la proximidad de las elecciones europeas de 2024. 

El informe será sometido a votación por el pleno del Parlamento en la sesión plenaria de mayo II.

Ayudas estatales: la Comisión autoriza una medida francesa para ayudar a STMicroelectronics y GlobalFoundries a construir una nueva fábrica de chips

La Comisión Europea ha autorizado una medida francesa para ayudar a STMicroelectronics y GlobalFoundries a construir y explotar una nueva planta de producción de microchips en Francia, con el fin de aumentar la seguridad de abastecimiento y la resistencia de la UE en el sector de los microprocesadores. Este proyecto responde a una serie de objetivos europeos apoyados por la Comisión, como el desarrollo de tecnologías desarrolladas en el marco del gran proyecto de interés común europeo (PIIEC) de fomento de la investigación y la innovación en el ámbito de la microelectrónica. La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas por un total de 7.400 millones de euros. 

Este proyecto responde a otros objetivos de la UE, como reducir el consumo de energía y producir chips electrónicos de alto rendimiento para sectores industriales vitales para Europa, como la automoción y la industria espacial, así como otras industrias, el despliegue de la 5G/6G, la seguridad y la defensa. Se espera que la planta produzca unas 620.000 obleas semiconductoras de 300 mm de diámetro al año, una tecnología que aún no está disponible en la UE. 

A cambio, las empresas han aceptado una serie de condiciones: cumplir los pedidos prioritarios de la UE en caso de escasez de suministro; seguir invirtiendo en el desarrollo de la próxima generación de tecnologías; mejorar la cooperación con las PYME europeas y facilitar su desarrollo en este sector. 

Propiedad intelectual: la armonización de las normas sobre patentes de la UE impulsa la innovación, la inversión y la competitividad en el mercado único

La Comisión ha propuesto nuevas normas para ayudar a las empresas, especialmente a las PYME, a sacar el máximo partido de sus invenciones, movilizar nuevas tecnologías y contribuir a la competitividad y la soberanía tecnológica de la UE. El objetivo de la Comisión es crear un marco más transparente para las patentes y licencias. Los activos inmateriales como marcas, diseños, patentes y datos son cada vez más importantes en la actual economía basada en el conocimiento, ya que representan casi la mitad del PIB total y más del 90 % de todas las exportaciones de la UE. La UE quiere hacer más eficaz el sistema europeo de patentes, sobre todo para responder a las situaciones de crisis y combatir la fragmentación de este mercado en Europa, que lo hace vulnerable a los grupos extranjeros. 

La Comisión ha presentado varias propuestas para completar el sistema de patente unitaria, que estará operativo a partir del 1 de junio. Las patentes esenciales relacionadas con normas son "patentes que protegen tecnología declarada esencial para la aplicación de una norma técnica adoptada por un organismo de normalización". Para fabricar un producto conforme a una norma, "los responsables de su aplicación están obligados a utilizar la patente "esencial" correspondiente". El monopolio que confieren estas patentes específicas se ve contrarrestado por el compromiso de los titulares de BEN de conceder licencias de estas patentes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND), permitiendo así a los ejecutores acceder al mercado". La Comisión ha propuesto crear un sistema equilibrado estableciendo un punto de referencia mundial para la transparencia de FRAND, la reducción de conflictos y la eficacia de las negociaciones. La Comisión quiere reforzar la protección del mercado garantizando "que los titulares y ejecutores de ENB de la UE innoven en la UE, fabriquen y vendan productos en la UE y compitan en los mercados mundiales"; pero también que "los usuarios finales, incluidas las PYME y los consumidores, se beneficien de productos basados en las últimas tecnologías normalizadas a precios justos y razonables".

En cuanto a las licencias obligatorias, necesarias para que las autoridades públicas puedan utilizar una invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente, la Comisión propone armonizar los 27 tipos de licencia obligatoria que existen en cada Estado miembro cuando las cadenas de valor operan en toda la UE, con el fin de responder mejor en situaciones de crisis. 

El certificado complementario de protección es un derecho que amplía la duración de una patente (un máximo de cinco años) para un "producto farmacéutico de uso humano o veterinario o un producto fitosanitario que haya sido autorizado por las autoridades reguladoras". Su objetivo es fomentar la innovación, pero sólo se aplica a nivel nacional.

Los reglamentos propuestos aún deben ser examinados y aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.